Este escrito va dirigido para reivindicar la discriminación que sufren algunos ciclos formativos (FP) por parte de la administración, en concreto los pertenecientes a la rama de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, y más específicamente el Ciclo Formativo de Grado Superior Integración Social y CFGS Animación Sociocultural.
España no logra dar la talla en Europa en materia de Formación Profesional, una modalidad de aprendizaje que aquí no ha logrado el prestigio y el grado de empleabilidad que tiene en otros países europeos, como Alemania o Suiza.
La crisis económica ha promovido la FP, eso sí, porque el número de alumnos/as matriculados/as prácticamente se ha duplicado en estos años de recesión. Los 462.492 que había en el curso 2007/2008 se han convertido en 793.034 en 2014/2015. Seis de cada 10 de los inscritos está por encima de la edad teórica que correspondería a estos estudios. Eso significa que la FP es una opción de retorno a la educación.
Hay mucho alumnado mayor de 35 años -sobre todo mujeres- que durante la época de bonanza económica abandonaron sus estudios prematuramente y ahora utilizan la FP para aumentar las posibilidades de obtener un empleo y seguir formándose. También se está dando el fenómeno de que titulados/as universitarios/as realicen FP de Grado Superior, tras finalizar sus estudios, para seguir especializándose.
Sin embargo, aún estamos lejos de que la FP llegue al nivel de otros países. El porcentaje de los titulados/as en España es del 33,3%. Se encuentra por debajo de la media de la OCDE (el 39,7%) y de la UE (el 46,1%).
En el informe “Competencias más allá de la escuela”, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierte de que "pocos estudiantes españoles cursan FP y, de éstos, aún menos tienen la oportunidad de cursar programas con la metodología de aprendizaje basado en el trabajo, tal como lo hacen muchos de sus homólogos europeos". Por "aprendizaje basado en el trabajo" se refiere a la llamada FP dual, que combina la impartición de contenidos teóricos en los centros educativos con formación práctica en las empresas, en muchas ocasiones remunerada con becas-salario de entre 250 y 600 euros al mes.
Estamos "muy lejos de la media de la OCDE y de la UE" y que "tenemos una proporción muy baja de estudiantes que escogen FP, especialmente FP de Grado Medio".
En España, son más numerosos los estudiantes que optan por el Bachillerato que los que eligen FP de Grado Medio, algo que también ocurre en Hungría, Irlanda o Grecia. Los Ciclos Formativos de Grado Superior sí que están siendo mucho más demandados en estos últimos años, quedándose muchas personas sin plaza. La situación es al revés en Alemania, Finlandia, Holanda, Austria y, en general, en la mayoría de la UE: hay más alumnos/as que tiran por la FP de Grado Medio y menos que cursan la vía del Bachillerato.
Según el jefe de Evaluaciones de los Sistemas de Formación Profesional de la OCDE Simon Field, en España necesitamos gente que tenga un nivel superior al de la escuela pero inferior a la universidad.
Según sus cálculos, dos tercios del empleo que se genere de aquí a 2020 estará relacionado con categorías profesionales técnicas relacionadas con la FP, y un tercio de los puestos que se creen hasta 2019 exigirá una cualificación de menos de cuatro años.
Es lamentable que se piense que la economía requiere siempre de estudios universitarios. Hay muchos puestos de trabajo en los que se necesitan estudios con contenidos de FP. Hay una avalancha hacia las universidades porque tenemos generalizada la idea de que "se necesitaban competencias de alto nivel, no manuales". Ahora esta ecuación no es cierta ya que en España sucede algo peculiar, y es que tenemos mucha ciudadanía poco cualificada (44%) o muy cualificada (31%), pero menos con cualificación intermedia (23%). Es una situación radicalmente distinta a la del resto de Europa, donde el 46% de las personas de entre 15 y 64 años tiene una cualificación intermedia y hay menos que están poco o muy cualificadas. Dicho de otra forma: tenemos un exceso de universitarios (que luego no encuentran trabajo o se emplean en puestos por debajo de su capacidad) y hace falta más gente que venga de la FP.
A todos estos datos se le suma el que algunos de los Ciclos Formativos de Formación Profesional que ofertan no tienen ninguna salida profesional porque fueron creados bajo unas directrices dadas desde la UE, hace ya 20 años, para mejorar los Servicios Sociales, y que al final se han quedado en el limbo. En concreto, el CFGS de Integración Social y el CFGS de Animación Sociocultural, han sido los más damnificados.
La creación de cada vez más asociaciones de Integradores Sociales y Animadores Socioculturales es un pequeño paso para luchar contra la Administración Pública, que en muchas comunidades autónomas desconocen los ciclos formativos que imparten. Aun así, es poco.
PROBLEMÁTICA DE LOS TÉCNICOS SUPERIORES EN INTEGRACIÓN SOCIAL (TSIS) Y ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL (TASOC):
Se está gastando una ingente cantidad de dinero público en titulaciones que luego no tienen ninguna salida profesional, ahondando más en la triste realidad que vivimos muchos jóvenes en este país.
En el caso de titulaciones como la de Técnicos Superiores en Integración Social, ciclo de grado superior de formación profesional que, en la actualidad, no se encuentra reconocido por las administraciones públicas, a pesar de ser un perfil polivalente en la intervención social en diferentes recursos sociales, educativos, de empleo y sanitarios, y con distintos colectivos (familias en riesgo, menores, inserción laboral, mujeres, violencia de género, discapacidad y dependencia, pobreza, inmigración, drogodependencias, minorías étnicas etc...)
Estamos en un callejón sin salida en el que se unen varias problemáticas: la mala “fama” de la FP, el desencuentro entre las administraciones (Educación, Servicios Sociales y Empleo), caos en los convenios colectivos (se solapan competencias, poca claridad de funciones, etc.),conciertos de las administraciones con entidades sociales en los que se olvida el perfil, un funcionamiento anquilosado de los servicios sociales públicos(donde sólo parece existir una figura que vale para todo y lo demás es un desierto), la escasa capacidad de los jóvenes para unirse por un futuro mejor, etc. Un panorama desolador.
En los convenios de concierto, existentes en la mayoría de las entidades sociales, no solicitan el perfil, ya sean concertadas con las administraciones autonómicas, provinciales o locales, lo que imposibilita a estas entidades contratarnos, aunque lo deseen, pues no disponen de la partida presupuestaria necesaria.
En años anteriores, éramos contratados como cuidadores/as, una categoría laboral inferior, pero para la que sí otorgan subvenciones y es requerida por las administraciones públicas que conciertan. De esta forma, realizábamos las funciones propias de nuestra profesión con el contrato de un/a cuidador/a. Actualmente, con la nueva normativa que requiere que todo el personal contratado como cuidador/a posea la titulación de atención sociosanitaria/auxiliar de enfermería o titulación análoga, se nos cierran más puertas.
En los diferentes recursos no hay ratios para nuestra titulación, no se menciona como tal, como sí se hace con otras titulaciones.
En el actual Convenio colectivo estatal de acción e intervención social (Resolución de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de acción e intervención social 2015-2017), de aplicación en todas aquellas empresas, asociaciones, fundaciones, centros, entidades u organizaciones similares cuya actividad principal sea la realización de actividades de acción e intervención social, cuya naturaleza jurídica no sea de derecho público, o cuyo accionista único o principal no sea una administración pública, y en el que serán afectados los ámbitos de la acción social, así como el sociolaboral o el socio-sanitario, pasando por lo socio-cultural y lo socio-educativo, se nos reconoce en el grupo profesional 2.
Y en el XIV Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, que regula las condiciones de trabajo entre las empresas y los trabajadores y trabajadoras de los centros de trabajo, de titularidad privada, y de los servicios de atención a personas con discapacidad que tienen por objeto la atención, diagnóstico, rehabilitación, formación, educación, promoción e integración laboral de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, independientemente de la fórmula de financiación de las plazas disponibles (concertadas, subvencionadas, totalmente privadas o mixtas) así como las asociaciones e instituciones constituidas con esa finalidad, y a todos los centros de trabajo de titularidad pública gestionados por empresas, fundaciones o asociaciones de carácter privado con ese mismo ámbito funcional de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia como centros de atención especializada (atención temprana, unidades de día, residencias, recursos tutelados, atención domiciliaria, respiro familiar, servicios de ocio y tiempo libre, rehabilitación psicosocial de discapacidad y enfermedad mental, centros de inserción sociolaboral, centros de daño cerebral adquirido, y otros servicios de atención a la discapacidad), centros de educación especial y centros especiales de empleo; se nos contempla con las funciones de:
· Centros de atención especializada: IV Personal de atención directa. Profesor/a de taller, Adjunto/a de taller, Encargado/a de taller, Monitor/a - Educador/, Ayudante/a, Técnico/a en integración social – Técnico de programas de prevención e inserción social, Preparador/a laboral, Auxiliar técnico educativo, Asistente personal.
· Centros especiales de empleo: IV Personal de soporte a la actividad profesional. Técnico de integración laboral – Preparador laboral, Profesor de taller (empleo con apoyo), Encargado de taller, Adjunto/a de taller, Monitor/a – Educador/a, Ayudante, Grupo técnico ayudante, Auxiliar técnico educativo.
· Centros educativos: II Personal docente. Profesor/a de Taller. III Personal complementario auxiliar. Educador de Educación Especial – Auxiliar técnico educativo de centros educativos.
Todas ellas, ocupaciones de nivel 3 del Catalogo Nacional de Competencias ProfesionalesCNCP, EQUIVALENTES a las de la normativa que regula nuestra titulación RD 1072/2012, DE 13 DE JULIO, por el que se establece el título de Técnico Superior en Integración Social y se fijan sus enseñanzas mínimas:
· Educación de habilidades de autonomía personal y social SSC090_3 CNCP
· Mediación comunitaria. SSC324_3 CNCP
· Inserción laboral de personas con discapacidad SSC323_3 CNCP
· Promoción e intervención socioeducativa de personas con discapacidad SSC450_3 CNCP
· Atención al alumnado con necesidades educativas especiales en centros educativos SSC_444_3 CNCP
· Dinamización comunitaria SSC321_3 CNCP
Y las ocupaciones más relevantes:
– Técnico de programas de prevención e inserción social.
– Educador o educadora de equipamientos residenciales de diverso tipo.
– Educador o educadora de personas con discapacidad.
– Trabajador o trabajadora familiar.
– Educador o educadora de educación familiar.
– Auxiliar de tutela.
– Monitor o monitora de centros abiertos.
– Técnico de integración social.
– Especialista de apoyo educativo.
– Educador o educadora de educación especial.
– Técnico/a educador/a.
– Técnico Especialista I (Integrador social).
– Técnico Especialista II (Educativo).
– Monitor o monitora de personas con discapacidad.
– Técnico de movilidad básica.
– Técnico de inserción ocupacional.
– Mediador ocupacional y/o laboral.
– Dinamizador ocupacional y/o laboral.
– Educador de base.
– Mediador o mediadora comunitaria.
– Mediador o mediadora intercultural.
– Mediador o mediadora vecinal y comunitario.
– Preparador laboral.
– Técnico en empleo con apoyo.
– Técnico de acompañamiento laboral.
– Monitor/a de rehabilitación psicosocial.
Toda esta normativa, no sirve para nada si desde las administraciones no se hace una promoción real de nuestro perfil profesional, se entiende que es realmente necesaria para poder prestar una atención integral y globalizada; y las entidades concertadas y privadas no reconozcan la titulación, sus funciones y las equivalencias de lo que exigen los Convenios Colectivos de sus sectores, con las competencias de la titulación, según marca el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Para terminar de precarizar la situación, algunos de estos servicios en los que trabajábamos como personal laboral, porque de funcionariado ni hablamos a pesar de que la titulación se enmarca en el ámbito de los servicios sociales, se han privatizado, sin exigir a las empresas que contraten la titulación necesaria (actualmente ya están solicitando nuestra titulación o la acreditación profesional) , como el caso del servicio de monitores/as de educación especial en muchas CCAA, propiciando que el servicio prestado sea meramente asistencial, olvidando la parte educativa; y otras equiparan nuestra titulación a bachillerato para acceder (es decir que dos años de formación específica con seis meses de práctica, no sirven para nada).
Irónicamente, en la normativa que desarrolla la titulación se establece que tiene prospectivas de crecimiento especialmente en el ámbito educativo y de servicios sociales, de la dependencia, la atención a víctimas de violencia de género y sus hijos/as, la mediación comunitaria y la inserción laboral de personas con discapacidad. ¿Cómo se supone que esto se traslada a la realidad si no hay ocupaciones que exijan ni medidas que promocionen la titulación en el ámbito público ni en el concertado?
Esta situación se da de forma generalizada en todo el Estado. Asistimos con impotencia ante la situación de que existan unos estudios creados por unas administraciones públicas que luego no lo reconocen. ¿No es un engaño al alumnado? ¿No son recursos malgastados en el sistema educativo? ¿No es privar a la sociedad de los servicios de unos profesionales?
No pedimos que nos ayuden a encontrar empleo, pedimos que se reconozcan las titulaciones, para que estemos en igualdad de oportunidades.
El problema es muy grande y mucho más profundo y necesitamos que alguien nos escuche y nos ayude a que todo el mundo conozca nuestra situación.
Miles de estudiantes se ven desamparados al acabar sus estudios y muy poca gente lo sabe.
Nuestra problemática interesa: interesa a los titulados, a otros afectados de FP y del sistema educativo, al profesorado, a las personas usuarias de los recursos en los que trabajamos o deberíamos trabajar. Cada año crecen las asociaciones y el número de asociados/as, cada vez que llevamos a cabo una acción o publicamos acerca de nuestra problemática, se hace notable el seguimiento.
Así, sería positivo que ya que se está implantando la mentalidad de poner en auge la FP, no se caiga en los mismos errores.
POR TANTO PEDIMOS:
El apoyo del Gobierno de las Comunidades Autónomas y los grupos parlamentarios a través
de:
- · Negociaciones
colectivas,
- ·
Creación
de plazas para nuestra titulación en la administración pública en todos los
ámbitos en los que podemos intervenir: mediacón comunitaria, menores, discapacidad, infancia y
familia, dependencia, inserción laboral, mujeres, inmigración, exclusión
social, drogodependencias…
- ·
Planes
de empleo específicos y subvenciones a entidades concertadas para promover la contratación y compensar el no reconocimiento de la profesión a lo largo de 20 años.
- · Establecimiento de RATIOS para los profesionales con
nuestra titulación (como existen para otras titulaciones del ámbito social y educativo) y que se evite la confusión de funciones y el intrusismo en centros y recursos .
BURGOS integracionsocialburgos@gmail.com
